Paz Gómez
5 de sep de 20193 min.
Libre competencia e innovación educativa: necesarias para futuras generaciones cualificadas
A vísperas del inicio de clases en el régimen sierra, los padres de familia ecuatorianos cayeron en la tentación del proteccionismo. Solicitaron al gobierno tomar medidas ante los elevados precios de las pensiones escolares, arriesgando la calidad de educación y el futuro de sus hijos.
En respuesta, el presidente Lenín Moreno anunció el congelamiento de pensiones y matrículas para todas las instituciones educativas del sector privado, la noche del pasado martes 27 de agosto por cadena nacional. Pese a ser un alivio financiero para muchas familias afectadas por el desaceleramiento económico y el aumento del desempleo en el país, la decisión gubernamental afecta a la innovación educativa.
Y esta es justamente una de las principales razones por las cuales muchos ecuatorianos preferimos la educación privada —a pesar de que, al hacerlo, recurrimos a un doble gasto—. Es decir, al permitir que las instituciones educativas privadas compitan entre ellas para atraer nuevos clientes y mantener a los actuales, trabajan todos los años por mejorar su calidad y generar valor agregado. Un aspecto al que no se enfrenta la educación pública.
Indiscutiblemente, un factor dentro de la oferta educativa privada es el precio, y los clientes —en este caso, los padres de familia— son quienes determinan si es justo pagar un monto específico por el servicio que están recibiendo a cambio. Imponer un control de precios a la educación privada es una medida populista que abre paso para más intervención estatal y sofoca más a los colegios, ya excesivamente regulados en Ecuador.
Varias instituciones educativas se han pronunciado en contra de la disposición presidencial, explican que son organizaciones sin fines de lucro y que el aumento de pensiones anual —a tasas razonables— les permite mejorar e incorporar nuevos recursos.
Un ejemplo que conozco de cerca es un colegio que realizó cambios significativos para este año. Ahora los estudiantes tienen el privilegio de contar con clases de robótica, educación 100% bilingüe y énfasis en los campos de estudio STEM —ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas—. Además, la institución se ha sumado a concursos colegiales en los que participan alumnos de toda Latinoamérica, incentivando la preparación de los niños y jóvenes para los desafíos que conlleva la cuarta revolución industrial. Todo esto, con un nivel de pensión menor al promedio en la ciudad.
Este colegio busca lo mejor para sus estudiantes y ha generado una metodología, un enfoque y una oferta para alcanzar su cometido. Son los padres, no el gobierno, el que debe celebrar o rechazar su propuesta, su esfuerzo. Es el colegio, no el gobierno, el que puede brindar facilidades de financiamiento como otro valor agregado, si lo viera conveniente. Además, en un entorno de libre competencia, siempre habrán más colegios —con precios más bajos o más altos, otras ofertas educativas y demás alternativas—.
Cabe destacar que el rígido marco regulatorio para la educación privada, iniciado por el correísmo y todavía vigente, ha convertido el sueño de los rectores y profesores acerca de formar niños y jóvenes con valores, principios y determinadas habilidades en una rutina de trámites. Este mismo sistema normativo altamente sancionatorio y limitante ocasionó el cierre de muchos colegios por miedo a caer en banca rota. La mayoría de estos últimos eran colegios nuevos, más pequeños, con pensiones más bajas.
La mejor y única manera en la que un gobierno puede asegurar la calidad de la educación privada es permitiendo que las instituciones se desarrollen en un mercado libre, con pocas regulaciones y barreras de entrada. El mercado y la capacidad de voto de los clientes al adquirir o no ese servicio va regulando y excluyendo paulatinamente a los actores perjudiciales o de mala calidad.
El congelamiento de las pensiones es una más de las medidas gubernamentales que han permitido que las autoridades tomen control de la educación privada ecuatoriana. También han restringido el acceso de nuevas insitituciones y ofertas educativas al mercado y han elevando el precio promedio de las pensiones en Ecuador. Y quien va a salir perdiendo, son los niños y jóvenes que adquieren menor oportunidad de que sus colegios innoven y les brinden más herramientas y conocimiento.