PREGUNTA 1.- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?
El 4 de Febrero del presente año tendremos, como ciudadanos, la posibilidad de manifestar nuestra opinión en una nueva consulta popular y así definir la institucionalidad del país en diversos ámbitos.
La pregunta 1 de la consulta en cuestión propone que se excluya de la vida política del país a todo funcionario público que haya participado de actos de corrupción (con sentencia ejecutoriada). Mi intención en este artículo es cuestionar la pregunta y entregar al lector mayores argumentos para que su decisión sea meditada.
La corrupción es un síntoma, no es la enfermedad. Es la consecuencia, no, la causa. Cabe preguntarse entonces, ¿dónde está la raíz de esta enfermedad? Con la modificación a la ley, ¿estamos atacando verdaderamente el problema?
¿La institucionalidad judicial del país permite que no se cometan errores a la hora de juzgar a un funcionario público por actos de corrupción? Es decir, ¿confiamos plenamente en la función judicial?
¿Es el sistema judicial propenso a caer en actos de corrupción, lo que significaría mal reparto de justicia cuando se juzgue a un funcionario público? Basta ver el Índice de Estado de Derecho , donde Ecuador está en el puesto 25 de 30 en la región. Los niveles más bajos de su calificación corresponden a “ausencia de corrupción en la función judicial” , “ausencia de corrupción en la función legislativa” y “no influencia inapropiada del Estado en la justicia”.
Arvin K Jain dijo, “Aumentar los riesgos asociados con la corrupción puede tener el efecto de aumentar los costos de transacción y, por lo tanto, puede desalentar la corrupción”. No obstante, en un entorno donde los poderes están altamente controlados por actores específicos (o sea un entorno corrupto como demuestra el índice mendionado previamente), se eleva el precio por el cual un funcionario público cometerá actos de corrupción. En otras palabras, se cobrará más pero no se eliminarán estás prácticas.
Existen medidas alternas que pueden ser más eficaces a la hora de atacar la enfermedad y minimizar los síntomas. Minimizar la discreción individual en las interacciones burocráticas con el sector privado sería un gran avance. Otras allternativas son permitir a las empresas operar con un menor número de licencias o reducir las tarifas que deben ser pagadas por operar.
“Definir el problema de la corrupción como una mera cuestión de descubrir y castigar el crimen no permite apreciar cuán profundamente la mayoría de los tipos de corrupción están incrustados en las normas nacionales, incluso en las que están penalizadas. También se trata de apreciar en qué medida la mayoría de los órganos de investigación y jueces del mundo en desarrollo están completamente comprometidos. En esas circunstancias comunes, donde la ley tiene poca credibilidad y sirve el interés de las prácticas corruptas, la mejora de los métodos de castigo puede lograr poco. Una vez que la sociedad se ha inclinado profundamente hacia la corrupción, encarcelar a las personas oscurece una enfermedad generalizada que afecta a toda la sociedad” (Robert I. Rotberg. 2017. The corruption Cure, p. 294).
La pregunta en cuestión tiene una respuesta lógica. La gran mayoría de personas no quiere corrupción en sus países. La respuesta lógica a la pregunta es SÍ, no se requería una consulta para enterarse que el ciudadano aborrece la corrupción. Los métodos para combatirla, las penas aplicables y la forma en la que se pretenda solucionar esta enfermedad deben ser trabajadas puertas adentro.
Por medio de esta pregunta, en caso de que gane el SÍ, estamos abriendo la puerta para que el gobierno utilice una nueva herramienta a favor de sus intereses políticos.
El reforzamiento al castigo establecido en la pregunta de la consulta del 4 de Febrero no generará mayores resultados en el mediano y largo plazo. Es como construir algo por el final, ir a las conclusiones sin haber realizado un estudio previo. Es lógico que todos en el Ecuador queremos un país con menos corrupción, sin embargo, el camino a recorrer es el equivocado y puede generar mayores problemas. Sin controles eficientes y una estructura mejor establecida, la probabilidad de ser identificado como corrupto seguirán siendo las mismas, por más reforzamiento de penas que exista.
Pensemos en las preguntas adecuadas sobre corrupción que nos permitan atacar directamente la causa de este fenómeno. Incrementar o excluir a una persona de la “vida política del país” puede darnos la impresión de que el actual gobierno “combate” la corrupción, pero en términos prácticos no lo está haciendo .Creo que la pregunta en cuestión es una propuesta política que suena bien, cuyo efecto será limitado o nulo. Además, correremos el riesgo de que el Ecuador acepte , legalmente, una nueva herramienta que sirva únicamente a intereses políticos.