PREGUNTA 3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?
Tener instituciones de control débiles e influenciadas por el poder político no es una herencia de Correa, sino es una tradición ecuatoriana mucho más fuerte que los pasillos de Julio Jaramillo o que cualquier plato típico que podamos imaginar. Pensar en los 200 años de la República del Ecuador es pensar en una seguidilla de caudillos que por la fuerza o que bajo jugarretas disfrazadas de procesos democráticos han querido controlar todas las funciones del Estado. Esto es tan cierto y crudo que resulta poco inocente pensar que una consulta popular nos va liberar de uno de los yugos más grandes de nuestra historia: la falta de institucionalidad.
El funcionamiento actual del llamado quinto poder está claramente contaminado con una descarada y poco sutil presencia del correismo. Esto es una realidad innegable, pero la solución que se nos propone en la consulta popular parece más temible que la ya de por sí oscura realidad. Dentro de los anexos se puede leer que el proceso en caso de ganar el sí, será la conformación de un consejo de transición que será nombrado por la Asamblea Nacional a partir de 7 ternas enviadas por el presidente Moreno. Una vez recibidas las ternas el legislativo apenas dispondrá de 20 días para realizar la elección, caso contrario asumirán los cargos las personas que encabecen las mismas. Esto en otras palabras, significa que voluntariamente entregaremos a Moreno todas las instituciones de control, desde las superintendencias hasta la contraloría de la nación.
En caso de ganar el sí, los cambios no se limitan a la mera terminación del periodo actual de los consejeros sino también a una profunda reforma del proceso en que estos son elegidos. El texto propone que los 7 consejeros accedan a su cargo mediante un proceso de elección popular. Esto plantea una serie de inconvenientes pero uno de los más preocupantes es la no lejana posibilidad de que un solo partido o coalición logren obtener una mayoría suficiente de votos que les permita tener el control de Consejo lo que les daría la posibilidad de nombrar a su antojo a todas las autoridades de control.
Ecuador aún no se recupera del fantasma que dejó el dudoso proceso electoral que se dió durante las últimas elecciones presidenciales. Si ya de por sí resulta tenebroso que exista la posibilidad de que se efectúe fraude electoral en las elecciones para el ejecutivo y legislativo, el hecho de que se pueda alterar los resultados para la conformación del quinto poder es un escenario dantesco.
El problema no es el actual sistema de elección de los consejeros o la existencia o no del CPCCS. El verdadero problema radica que en el Ecuador nunca ha existido un verdadero sistema de pesos y contrapesos políticos y que las instituciones de control han sido tan fáciles de eludir, que un maletín lleno de dólares es suficiente para evitar cualquier intento de fiscalización. Creer en la benevolencia de Moreno y entregarle la potestad de nombrar el mismo a un consejo de transición es una apuesta arriesgada, aún tomando en cuenta que el depositario de nuestra fe ciega será un gobierno que se alejó de su antecesor en formas pero que en el fondo. Sigue siendo aquel régimen que no ha dudado en atropellar derechos humanos y que juró divina adoración a regímenes sanguinarios como el cubano o venezolano.