¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?
El impuesto a la plusvalía atenta contra la propiedad privada,, cuya protección es fundamental en un estado que respeta y promueve la libertad de sus ciudadanos. Entonces, ¿hasta qué punto vivimos en un estado que protege nuestra libertad?
Ecuador reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en el artículo 321 de su Constitución, mismo que se refiere al dominio y a la facultad de uso de bienes muebles e inmuebles que posee cada individuo. No obstante, la Ley de Plusvalía es una amenaza a la propiedad privada y a nuestra libertad.
Imponer un impuesto por la supuesta “especulación de las tierras” refleja un comportamiento abusivo de quienes están en el poder. Además, violenta el derecho de un individuo de decidir libremente qué hacer con sus bienes.
Este impuesto no solo se impone a las “tierras” sino también a departamentos, casas, locales comerciales, oficinas y en general a todo tipo de bien inmueble, esto resulta totalmente desubicado desde el mismo sentido de que se trata con ello de evitar una “especulación de tierras”, teniendo en cuenta que “tierras” no es lo mismo que departamento o casa.
La ley de la plusvalía afecta a todo individuo que desea vender sus bienes inmuebles, indistintamente del motivo. No obstante, acarrea mayores consecuencias en el sector de la construcción, que ha sido una de las actividades económicas más fuertes y rentables a nivel nacional. Cabe recalcar que la consecuencia no solo recae en la persona (empresario-dueño) que pierde dinero, porque sus ventas bajan por la imposición de un rubro irrisoriamente alto, sino que también afecta a los trabajadores. Si el empresario ya no puede sostener su negocio, va a tener que reducir su personal. Esto aumenta el desempleo y se traduce en un incremento en la tasa de subempleo por la necesidad inminente de conseguir dinero para poder subsistir.
Por lo tanto, la ley de la plusvalía no solo ataca a los “pelucones” y a los “especuladores”, sino a individuos que sostienen sus hogares o sus negocios con el fruto de su trabajo.
La base imponible del impuesto a la plusvalía se equipara a la del impuesto a la renta para las empresas constructoras e inmobiliarias. El aumento de la carga tributaria aumenta el precio del bien y esto repercute en la producción y el número de ventas. La alteración al mercado es aún más grave cuando existe una situación económica complicada debido a la falta de liquidez de los ecuatorianos.
La reducción de la actividad económica en la construcción también afecta a la inversión que estas empresas puedan atraer para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios. Con esto quiero decir que hay menos inversión nacional y extranjera, menos circulación de dinero, y, consecuentemente, menos creación de riqueza.
Si la ley se creó para lograr que el “pelucón” pague por lo que tiene o genera, ¿por qué está diseñada para que el impuesto aumente del 10 al 75% fijo, sin importar las posibilidades económicas de las familias?
A pocos días de la consulta es propicio detenernos a reflexionar si queremos seguir otorgándole facultades al estado para que el gobierno de turno cumpla con sus caprichos. Sí, caprichos, porque el objetivo real de la ley de la plusvalía no es regular a los especuladores ni reducir la desigualdad, es generar excusas para que el estado se involucre más en la vida de los ecuatorianos. Esto es sumamente peligroso cuando está en potestad de funcionarios corruptos que desean engordar su bolsillo mientras le meten la mano al bolsillo de cada uno de los ecuatorianos, sin distinción de clases, y además prometen el oro y el moro a los pobres, haciéndolos dependientes de un cuento chino.