Los políticos, legisladores y todo aquel que ostenta un poco de poder político en el Ecuador está en contra de la innovación.
O al menos, eso parece. Y es que, en un nuevo intento por restringir libertades, el ministerio de turismo ha publicado el reglamento final para regular inmuebles de uso turístico. Algo que no es nuevo y que se ha intentado en varias regiones del mundo, sin embargo, al revisar el proyecto de regulación podemos establecer que este será un intento infructuoso que dilapidará recursos públicos que ni usted ni yo, como contribuyentes, recuperaremos algún día.
El ministerio ha manifestado claramente que el proyecto no apunta ni afecta a plataformas digitales, hablamos de AIRBNB lógicamente, porque menudo problema sería tener un Ecuador Digital donde se persiguen a las plataformas digitales. Tremenda contradicción que las autoridades del ministerio han intentado disimular pero que al final del día no han logrado esconder.
Sí, el presente proyecto de ley afecta a quienes desean ofertar sus inmuebles y también a las plataformas, ya que busca regular algo que las plataformas actualmente ya cumplen. Sin embargo, el gran objetivo del proyecto es el control. Control sobre la información que manejan los dueños del inmueble y las plataformas. Control sobre quienes pueden y no pueden ofertar sus inmuebles para turismo. El proyecto busca incrementar el poder discrecional de la clase política.
El control que desea ejercer el ministerio de turismo conlleva y trae consigo:
Más trámites
Mayor burocracia
Mayores trabas para quien desee ofertar su bien inmueble para turismo
Más tasas, impuestos y costos
Es contradictorio también que, en un país con varias leyes de eficiencia de trámites, estos sigan incrementándose.
En definitiva, usted y yo podemos leer el reglamento y sacar nuestras conclusiones, pero yo quiero hacer una sola pregunta que nos lleve a reflexionar:
¿Qué artículo del reglamento no está siendo cumplido ya por las plataformas que ofertan inmuebles para turismo?
Probablemente usted legué a la misma conclusión que yo. Ninguno, salvo aquellos que exigen una licencia o un permiso que otorgará el ministerio de turismo.
Si las plataformas, en conjunto con sus usuarios, se encargan de dar un buen servicio y de filtrar a aquellos ofertantes que no cumplen con los estándares ¿por qué debemos permitir que el Estado se entrometa en este proceso?