Despenalización del consumo de cannabis en Ecuador


Hace tiempo, en un curso de verano sobre economía de libre mercado y derecho constitucional estadounidense, asistí a una conferencia sobre la crisis de los opioides en EE. UU., la despenalización del consumo de cannabis y los efectos económicos de esto.


La presentación inicio con una cita del gran jurista y economista austriaco Ludwig von Mises, que decía: “Es un hecho comprobable que el alcoholismo y [la drogadicción] son enemigos mortales de la vida, la salud, la capacidad de trabajar y de entretenerse, y por tanto […] deben considerarse vicios.”


En ese momento, el conferencista se detenía, y agregaba, parafraseando al mismo Mises, que así sea un vicio no representa un motivo para que se lo suprima con prohibiciones comerciales. Y proseguía con la cita, “pero tampoco es evidente por cualquier forma que una intervención del gobierno es realmente capaz de suprimirlos, e incluso si esto se obtiene, significaría abrir una caja de Pandora llena de otros peligros, no menos dañinos que el alcoholismo y [la drogadicción].”


Este enfoque teórico hace analogía a los tiempos de la Prohibición en Estados Unidos, en los que existía mandato constitucional mediante enmienda a la Carta Magna en contra de la producción de alcohol. Sus efectos fueron completamente contraproducentes, pues no solo aumentó el consumo de licores, sino que los licores se hicieron más fuertes. Se producían sin controles sanitarios y en industrias muy artesanales.


Se supone que el caso con las drogas, y especialmente con el cannabis, es el mismo.

Hace unos meses, la Asamblea Nacional, en la Ley Reformatoria al Código Integral Penal aprobada parcialmente en septiembre de 2019, despenalizóel consumo medicinal y terapéutico de cannabis en el país. Cabe recalcar, reformó también otras normas conexas relacionadas con la parte técnica de todo este asunto, relativas a su producción y distribución para fines médicos y de investigación.


La propia reforma del COIP sobre el tema del cannabis medicinal está en el artículo 222, sobre siembra y cultivo de sustancias sujetas a fiscalización, que ahora incluye una cláusula de exclusión particular para el cannabis. Por lo tanto, la siembra, el cultivo y la cosecha de cannabis para uso terapéutico ya no está penada con pena privativa de libertad de uno a tres años.


En las reformas de normas conexas, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias Sujetas a Control y Fiscalización fue reformada para establecer que la producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias derivadas del cannabis —que sean sujetas a fiscalización— podrán efectuarse con fines terapéuticos o de investigación médico-científica, previa autorización por escrito otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional.


Estos medicamentos serían dispensados mediante prescripción médica, cuando su calidad y seguridad hayan sido demostrados científicamente, de modo que la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la siembra, cultivo, cosecha de plantas que contengan el principio activo del cannabis —el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC)— exclusivamente para la producción de medicamentos, que se expenderán con prescripción médica y para investigación científica.


Se dispone adicionalmente que toda producción, comercialización, distribución, uso y consumo de sustancias para uso industrial no farmacéutico, de investigación científica no médica o adiestramiento solo podrá realizarse con autorización escrita de la Secretaría Técnica de Drogas del Ministerio de Salud.