¿Por qué fomentar el debate parlamentario? Caso: Ley Orgánica de Comunicación

January 24, 2019

Una correcta participación en el procedimiento legislativo puede hacernos libres

Cuando se trata de elaborar leyes que garanticen los derechos fundamentales de los individuos, la calidad vale más que la cantidad. Ante esta premisa, el debate parlamentario se convierte en una de las etapas principales en la labor de los legisladores. De hecho, los recientes acontecimientos en torno a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación hacen evidente su relevancia. 

 

A penas a un mes de iniciado el periodo legislativo 2013 - 2017, se convocó al pleno de la Asamblea para aprobar la que luego sería conocida como "Ley Mordaza". Una Comisión Ocasional del periodo legislativo anterior (2009 - 2013) trataron los dos primeros debates. En ese entonces, el oficialismo encontró dificultades para aprobar el polémico proyecto de ley. El escenario cambio desde mayo del 2013, cuando Alianza País alcanzó una mayoría aplastante con 100 escaños.

 

Revestidos con la "legitimidad democrática" de las elecciones, el correísmo no tardó en aprobar la Ley de Comunicación, cuyo contenido implicó graves lesiones a la libertad de prensa. El mismo día de su aprobación, los legisladores incluyeron textos que no habían sido discutidos antes. El asambleísta Bolívar "el chato" Castillo propuso la creación de la figura de la Superintendencia de Comunicación (Supercom). Mauro Andino, ponente del informe, planteo el artículo sobre linchamiento mediático.

 

Los asambleístas de Alianza País sostuvieron que, en el periodo anterior, ya habían discutido el proyecto de ley lo suficiente. Sin embargo, no está permitido hacerse cargo de una ley abordada por otros actores, en otro momento. 

 

Como resultado, los legisladores aprobaron el cuerpo legal, desconociendo la esencia misma de un parlamento, que es el debate. La inconstitucionalidad por la forma fue planteada ante la Corte Constitucional, que evidentemente negó esta demanda, y la norma entró en vigencia.

 

El Manual de Técnica Legislativa señala que el procedimiento legislativo tiene dos finalidades:

 

  1. Finalidad Política: asegurar la participación de las distintas opciones políticas representadas en el parlamento, durante la elaboración de una ley, para alcanzar el mayor acuerdo posible con respecto al texto que se apruebe.

  2. Finalidad Técnica: asegurarse que la norma sea formal y materialmente correcta.

 

En resumen, el Manual indica que "El texto final de la ley no solo expresa la voluntad de la mayoría sino que en su debate, participa y se expresa la voluntad de la minoría con la debida publicidad” (p. 74).

 

Debido al carácter representativo de la Asamblea, la finalidad política del procedimiento parlamentario debe asegurar la participación de las minorías durante todo el procedimiento. Consideremos que el texto cambia continuamente a través de las fases de debate, tanto en las comisiones especializadas como en el Pleno. Los turnos de intervención de los legisladores garantizan la participación permanente de las minorías.

 

El procedimiento legislativo posee, entonces, un carácter legitimador al garantizar la participación de las opciones políticas no representadas en el Ejecutivo. La configuración del procedimiento debe dar cabida en él a la negociación o, por lo menos, a la audiencia de los intereses afectados (p.75). Los parlamentos representan la diversidad en la sociedad, esa diversidad debe expresarse en cada debate y en la construcción de cada norma.

 

Este año, y como contra partida, el Pleno de la Asamblea discutió por casi ocho horas el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Hasta ahora, se elimina la Supercom, la figura del linchamiento mediático y los códigos deontológicos. 

 

Lenín Moreno vetó parcialmente la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación y realizó 26 observaciones. Entre ellas, está la reforma del artículo 5 —el cual considera que los medios de comunicación prestan un servicio público—, el mantenimiento de concursos para acceder a frecuencias y la derogación del artículo 98 —que impide el libre comercio internacional en el sector de la comunicación—. En consecuencia, este lunes 21 de enero, la Ley Reformatoria volivó a la mesa de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. 

 

Tras cinco años de vigencia, el aparataje institucional creado por la Ley de Comunicación empieza a desmontarse. Esta vez, se vuelve evidente la importancia del debate parlamentario.

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November 19, 2019

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