Un proyecto de ley que enfatiza la lucha de clases y promueve la redistribución coercitiva de recursos busca acompañar a las medidas de austeridad, con el gran riesgo de ocasionar profundos daños a la economía ecuatoriana.
La asambleísta por Alianza PAIS, Norma Vallejo, y 18 de sus compañeros de partido presentaron a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Sociales y Protección del Poder Adquisitivo de los Ecuatorianos” el pasado 11 de septiembre.
La exposición de motivos para el desarrollo de este proyecto está cargada de sesgo ideológico, puesto que sus argumentos no se fundamentan con análisis o investigación. En lugar de realizar una verdadera aproximación a los grupos humanos implicados —instituciones financieras, empresas, grupos vulnerables, trabajadores, etc.—, utilizan frases como “justicia social”, “sectores más pudientes de la economía”, “salvataje bancario” o “garantizar la estabilidad de sus trabajadores”.
Si bien el proyecto de ley es breve, sus ocho artículos pretenden expandir el alcance del gobierno en instancias que no le corresponden, sin conocer las necesidades y funcionamiento interno de los actores implicados. Analicemos cada uno de los componentes del proyecto de ley en detalle:
El artículo 1 propone la reducción del 10% en las tarifas de telefonía celular y televisión pagada. Si la crisis económica —que es la razón de ser este proyecto— es severa, ¿no debe ser la familia o el individuo quien decida si contrata un plan de telefonía o televisión más económico? El proyecto plantea la reducción a todos los usuarios, utilizando sus términos, a “pudientes” y no pudientes. ¿Cuál fue el estudio para determinar que sea el 10%?
Al contrario de lo que buscan lograr, las empresas se verán obligadas a realizar ajustes internos y cortar personal, dado que la reducción de tarifas se reflejará en menores ingresos. Habrá menos empleos y menos capital para invertir o mejorar los servicios.
El artículo 2 propone incentivos para el uso de energía eléctrica. Sin especificar a quién, el proyecto propone reducir el monto de las planillas en 20% y promete que el gobierno asumirá el costo restante. ¿No es precisamente el déficit fiscal lo que se intenta reducir?
Políticas poco sustentables como esta, que dependen del financiamiento del Estado, nos han llevado a los niveles de déficit que ahora obligan al gobierno ha adoptar medidas de austeridad. La única manera de mantener los programas paternalistas cuando los ingresos públicos se han reducido es endeudándose, por lo que subsidiar la energía eléctrica solamente empeorará el escenario económico a largo plazo.
El artículo 3 propone congelar las tarifas de transporte público terrestre por tres años. Como por arte de magia, o de una esfera de cristal, los asambleístas consideran que todos los ecuatorianos tendremos suficiente dinero para pagar pasajes más altos luego de tres años. Al mismo tiempo, asumen que los transportistas no solicitarán un alza de precios o que, si lo hacen, el gobierno tendrá la capacidad de subsidiar la diferencia.
En otras palabras, congelar las tarifas no soluciona el problema de fondo ni lo disminuye. En realidad, la magnitud del problema crecerá.
El artículo 4 propone sancionar como contravención de primer grado a quien genere una ganancia mayor al 10% por comerciar un producto nacional o importado. Para determinar tal disposición sería pertinente preguntar a todos los productores y comerciantes si estarían dispuestos a trabajar por apenas un 10% de utilidad.
Fijar los precios de mercado perjudica significativamente a la economía de un país y, como ejemplo, podemos mirar los modelos de precios justos en Venezuela y de precios cuidados en Argentina. Su situación económica actual habla por sí sola y nos muestra cuáles son los efectos de la intervención gubernamental desmedida.
Además, Ecuador está en un proceso de deflación que ya reduce los precios a nivel general. En lugar de fortalecer el entorno empresarial y hacer de Ecuador un país competitivo, este proyecto de ley desincentiva el emprendimiento y la inversión. Los primeros perjudicados serán los grupos más vulnerables, a quienes Vallejo pretende proteger.
El artículo 5 propone el congelamiento por tres años de todos los cánones de arrendamiento (vivienda). En este punto debemos preguntarnos lo mismo que en el tercer artículo. ¿Cómo determinan que en el plazo de tres años los arrendatarios podrán mantener los precios y que luego los inquilinos podrán cubrir una intempestiva subida?
La economía funciona mejor cuándo cada individuo decide a qué precio ofrecer su producto y a qué precio adquirirlo. Si un departamento, por ejemplo, está excesivamente caro para el periodo de crisis, el dueño tendrá que reducir el precio para poder conseguir un cliente. No necesita que un grupo de asambleístas impongan su colaboración para alcanzar “justicia social”.
Los artículos 6,7 y 8 pretenden modificar el sistema financiero como tal. El proyecto de ley establece la condonación de los intereses de deudas en mora y un pago de capital del 10% para reprogramar la cancelación de deuda en 24 cuotas. Los bancos tampoco podrán ejercer acciones coactivas o rematar bienes para recuperar su dinero. Es decir, se propone que los bancos no hagan lo que da sentido a su giro de negocio, algo parecido a lo que hizo Ecuador cuando dejó de pagar su deuda.
Cabe preguntar si podremos contar con estos beneficios cada vez que la situación económica no sea buena. A pesar de que Vallejo menciona el salvataje bancario en su exposición de motivos, invita a hacer lo mismo —pagar las deudas de quienes se comprometieron a hacerlo y acostumbrarles a ello— con otros sectores de la economía.
Estos artículos también disponen que, durante los 3 siguientes años, los bancos deberán colocar su dinero en operaciones crediticias para la producción y el trabajo a tasas impuestas por este proyecto, así como el crédito de consumo. Esto significa que la utilidad de los bancos se reduce, mientras el Estado dicta las normas de cómo deben hacer su trabajo y cuánto deben cobrar. Aparentemente, la asambleísta conoce de sobremanera los costos administrativos de los bancos, así como cuánto es justo que cobren.
El breve proyecto de ley incentiva una mayor intervención del gobierno y, seguramente, requerirá de más trabajadores y gasto público. Por lo tanto, va en contra de la estrategia actual de austeridad.
El control en precios, tarifas y periodos supuestamente persigue un fin social. Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar en las consecuencias de cada artículo, veremos lo contraproducente que resulta para el poder adquisitivo de todos. No podemos flexibilizar el marco impositivo para las empresas ecuatorianas, si restringimos el operativo.
Existen actores políticos como la asambleísta Vallejo y quienes respaldan su propuesta que luego de que el gobierno da un paso adelante, desean retroceder dos. Por esa razón, en Libre Razón creemos que la coherencia primará en la Asamblea Nacional y que este proyecto de ley no verá la luz ni ahora, ni en un futuro cercano.