El feriado de carnaval arrancó con malas noticias para 10.000 funcionarios
Alrededor de 10 mil funcionarios fueron desvinculados de instituciones estatales el 1 de marzo de 2019. A pesar de que todavía no hay datos oficiales con cifras ni motivos, se conoce que los servidores públicos trabajaban, entre otros, en el Ministerio de Salud, de Educación y de Obras Públicas.
El despido masivo es parte de un proceso de desvinculación que el Ejecutivo arrancó a inicios del presente mes con los funcionarios que tienen contratos ocasionales, justificando la medida en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP): “Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento”.
Al respecto, el exministro de trabajo y actual gobernador de Guayas, Raúl Ledesma, manifestó en una reunión con sindicalistas de Salud y Educación que “los contratos ocasionales son de un año (...). Aquellos que están prorrogados no lo están legalmente”. Esto, en concordancia con el Art. 143 del Reglamento de la LOSEP que señala que: “El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal”.
Tras estas medidas que se extienden a empresas públicas del sector energético, la reacción de gremios sindicalistas fue inmediata. Dirigentes sindicalistas han señalado que la acción tomada no está atada a un análisis técnico, sino más bien a “que —en lo político— se le está beneficiando al correísmo, en vísperas de las elecciones” y que se cumple con medidas solicitas por el FMI.
Sin embargo, el proceso de desvinculación de servidores públicos es parte del Decreto Ejecutivo 135 sobre las normas de optimización y austeridad del gasto público, emitido por el presidente Lenín Moreno en septiembre de 2017. Posteriormente, dicho plan de austeridad se consolidó con la Ley de Fomento Productivo, en diciembre de 2018, que incluyó las primeras reformas en lo laboral y tributario previo al acceso de recursos del FMI.
Fuentes: El Comercio, Expreso, El universo, La República, LOSEP, Reglamento de la LOSEP, Decreto Ejecutivo 135, Ley de Fomento Productivo