Involucrados en 'Arroz Verde' serán investigados por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias
Los escándalos y denuncias de corrupción tanto del correísmo como del morenismo siguen imparables. A la par del fallido alzamiento militar en Venezuela, Fundación Mil Hojas y La Fuente publicaron un amplio reportaje sobre las contribuciones de empresas nacionales y extranjeras para las campañas políticas del correísmo.
En la publicación, Fernando Villavicencio y Christian Zurita develan el extenso informe denominado "Receta de Arroz Verde 502" que contiene los presuntos aportes económicos de empresas multinacionales. Supuestamente, el movimiento Alianza PAIS (AP) recibió este dinero desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 para la reelección de Rafael Correa.
El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa - Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.
La publicación del reportaje no causó tanto revuelo en ese momento, sino una vez que Pamela Martínez, exjueza constitucional y exasesora presidencial de Correa, fue detenida en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuando pretendía volar hacia México.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un comunicado, mencionó que la fiscal general Diana Salazar dispuso la ejecución de diligencias investigativas al conocer que una de las personas investigadas trataba de abandonar el país la madrugada del sábado 4 de mayo. Su pbjetivo era precautelar que no se evada la acción de la justicia.
A día seguido, por medio de un nuevo comunicado, la Fiscalía amplió la información sobre el caso.
El documento precisa que:
(…) Dispuso la prisión preventiva en contra de Pamela M. y Laura T., por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.
Según lo expuesto en la audiencia de formulación de cargos por parte de la fiscal del caso, la investigación previa se abrió de oficio al conocer un parte policial con información de un artículo publicado en un medio digital que señala la existencia de un posible delito, pues se determinó que entre el 2013 y 2014 las dos procesadas habrían administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y a través de un cruce de facturas.
Con este antecedente, la Fiscalía dispuso la realización de varias diligencias que determinaron que existen supuestos aportes de empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, al movimiento Alianza País, utilizados para financiar la campaña presidencial de Rafael Correa y que no habrían sido declarados. Las procesadas formarían parte de una presunta organización conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado.
(…) En el marco de estas investigaciones, la madrugada de este domingo 5 de mayo, la Fiscalía –con el apoyo de la Policía Nacional– allanó cuatro inmuebles en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres más en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico). Se recabaron indicios y evidencias para sustentar las investigaciones (...).
En el reportaje de Mil Hojas, se sostiene que esta trama se parece al caso brasileño de Lava Jato por la utilización de códigos para la gestión de coimas y sobornos, pero que el caso ecuatoriano tiene sus particularidades:
De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.
De este modo, se evidencia la relación y el involucramiento de altos mandos y representantes estratégicos del correato involucrados en esta presunta trama de corrupción. Como no podía ser de otra manera el implicado mayor, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), desde la comodidad de su hogar en Bélgica, rechazó dichas acusaciones a través de Twitter:
Yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013, y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes, que dicen que los “aportes” fueron desde noviembre de 2013, es decir... ¡cuando yo YA era presidente! ¡Hay que pedirle a la CIA les financie mejores asesores! (04-05-2019)
Y es que, a decir de Fernando Villavicencio, en una entrevista en La Posta (revisar desde el minuto 06:03 hasta el 06:55), el entramado de corrupción estaba liderado desde el despacho presidencial, con Correa a la cabeza:
(…) Es un caso de corrupción que en la trama o formato Odebrecht en el mundo, ninguno de ellos tenía como epicentro, como cuartel general el despacho presidencial. El cuartel general de la corrupción de Arroz Verde 502, es el despacho de Rafael Vicente Correa Delgado, porque ahí estaba su mano derecha ¡Su hermana menor! Así le trataba Pamela Martínez a Rafael Vicente: ¡Mi hermano mayor! Es decir, la asistente personalísima de Rafael Correa, estaba en el despacho de Rafael Correa. Y desde ahí manejó esta trama de sobornos que se maquilla como donaciones voluntarias para una campaña política. Estamos hablando de la mayor puerta, de una puerta de la catedral de la corrupción (…).
El reportaje contempla también a personajes claves en el gobierno de Correa como Alexis Mera —secretario jurídico de la Presidencia en la gestión de Correa—, Viviana Bonilla y Fernando “Corcho” Cordero. Asímismo, incluye los nombres y códigos de las empresas que presuntamente habrían aportado a las campañas del correísmo: “Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10)”.
Ese revuelo, también llegó a la Asamblea Nacional, donde a raíz de esto se pone en juego que AP pierda la presidencia del Legislativo por los cuestionamientos a su titular, Elizabeth Cabezas, y al partido de gobierno. Desde luego, el ala correísta y todos sus seguidores insisten, en contraparte, que la Fiscalía General debe iniciar de inmediato y con la misma celeridad la investigación sobre los INA Papers. No obstante, más que trabajar de forma minuciosa para acabar con la corrupción, morenistas y correístas parecen ensañados en revelar “secretitos” de parte y parte, sin medir las consecuencias.
El que se les adelantó fue el mismísimo involucrado, Lenín Moreno, quien el 8 de mayo, a través de Twitter y acompañado de la frase: “La honestidad es la mejor política. Benjamin Franklin. #transparenciayhonestidad”, solicitó a la fiscal Diana Salazar que inicie las investigaciones a sus cuentas, incluida la que se atribuyen como propia, del Balboa Bank de Panamá, que Correa asegura está vinculada a la familia presidencial.
Fuentes: El Comercio, Expreso, Revista Vistazo, Teleamazonas, Ecuavisa, La Posta, Fiscalía General del Estado
Imagen: Mil Hojas