La regulación no es la única alternativa para dar un espacio legítimo a las criptomonedas

El 2022 se vislumbra como un año álgido para la regulación de criptomonedas en el mundo y Ecuador no se quedará atrás. El pasado 31 de enero, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, reveló a Bloomberg que se está trabajando en un proyecto de ley que regule el uso de las criptomonedas.

Avellán indicó que no se las normará como moneda de curso legal, como es el caso de El Salvador, y sugirió que serán consideradas activos de inversión. Además, se buscaría evitar el uso de criptomonedas con fines ilícitos, como el lavado de activos.

Con el objetivo de ofrecer claridad a los usuarios sobre los usos permitidos de las criptomonedas, el Banco Central espera trabajar en el proyecto durante el primer trimestre de 2022. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera lo revisaría entre el segundo y tercer trimestre.

Los ecuatorianos sí usan criptomonedas

En la actualidad, Ecuador permite comprar criptomonedas, pero prohíbe su uso como medio de pago. De acuerdo con el único comunicado que la extinta Junta de Regulación Monetaria Financiera emitió para referirse al tema, realizar transacciones con criptomonedas puede conllevar sanciones penales. Además, el Estado no otorga ninguna garantía ante el riesgo de pérdidas económicas.

Esta disposición que se publicó en febrero de 2018, cuando se instalaron los primeros y únicos cajeros automáticos de criptomonedas en el paíse, se respalda en el artículo 98, inciso 3, del Código Orgánico Monetario y Financiero, que prohíbe la circulación y uso de dinero no autorizado por la Junta. Sin embargo, no hay mención explícita dentro de la normativa ecuatoriana.

Y lo cierto es que poco se ha controlado el uso de criptomonedas y sus transacciones en el país, donde se mueven alrededor de $400 millones de bitcoines al año, de acuerdo con Exchange. Existen negocios que reciben pagos en criptomonedas voluntariamente y otros que operan directamente en la industria de las criptomonedas.

Considerando este contexto, es imprescindible que el gobierno tome cartas en el asunto y levante dicha prohibición. Las criptomonedas llegaron para quedarse alrededor del mundo y Ecuador no es la excepción.

Cómo regular las criptomonedas

De hecho, la regulación puede ser beneficiosa para la cripto economía y la economía en general. No obstante, es importante considerar que se trata de un ecosistema dinámico, donde la regulación puede inhibir su potencial económico.

La diferencia entre uno y otro escenario recae en cómo se regulan las criptomonedas. Y, aunque Ecuador se sume a esta tendencia regulatoria, no es la primera ola, por lo que es posible revisar qué funciona y que no al momento de regularlas.

Para Chris Brummer, profesor de Derecho en Georgetown University y cofundador de la plataforma de política pública Fintech Beat, los reguladores se enfrentan a un trilema cuando se trata de criptomonedas. Ellos deben decidir entre regularlas por su diseño, su función o su potencial.

Al abordarlas por lo que fueron diseñadas, como su nombre lo indica, se estaría hablando de monedas o dinero. La regulación por la función que cumplen actualmente en el país estaría relacionada a la idea de Avellán, considerándose como activo de inversión. Por su potencial, sin embargo, abre un amplio panorama de oportunidades.

Ante este escenario, se hace evidente un común error en la formulación de política pública y leyes: la tecnología siempre está avanzando y evolucionando. Por ello, para alcanzar una regulación que beneficie a los usuarios actuales y futuros, Brummer plantea tres pasos:

1. Reconocer la existencia del trilema e identificar cuando están atrapados en este.

2. Deshacerse de la noción equívoca de que la regulación es la única forma para que las criptomonedas tengan un espacio legítimo en una jurisdicción.

3. Responder la pregunta de por qué las criptomonedas deben ser reguladas.

Despenalizar el uso de las criptomonedas como medio de pago y permitir la creación de negocios en esta industria es fundamental para que se pueda transparentar el mercado, se amplíe la información al respecto y se eviten oportunismos, fraudes y estafas. Esto, sin embargo, va más allá de la función de un activo de inversión, el cual limita varios aspectos.

Cinco premisas para regular las criptomonedas

Como mencioné antes, muchos países ya han abordado la regulación de criptomonedas y han visto el impacto inicial de sus normativas. De estos casos, cinco acciones clave son:

1. Evitar una regulación excesiva, puesto que es un ecosistema emergente, cambiante y en constante evolución. Permitir que los individuos y las empresas tengan la libertad de abrir espacios, innovar y crear oportunidades de mercado. Esto incluye promover la libre competencia sin barreras de entrada, donde exista incentivo para la constante mejora en los servicios y calidad.

2. Establecer definiciones claras y sencillas para los aspectos sujetos a regulación, como las criptomonedas o cripto activos, las stablecoins, los nfts, etc. Como punto de partida, se puede tomar en cuenta definiciones en legislaciones de otros países o de organismos internacionales.

3. Pese a que ya son más de diez años de su existencia, las criptomonedas son un elemento nuevo y poco se parece a cualquier instrumento financiero ya regulado. Por este motivo, es mejor crear una ley solamente para las criptomonedas, antes que incorporar extractos de normativa en legislación previa.

4. Considerar que existe una economía cripto. Esto implica que no solo es un activo de inversión que hay que declarar, tributar y controlar por lavado de activos. Es un mercado, y como tal hay proveedores de servicios, inversores, emprendedores, usuarios y más actores. Por lo tanto, es importante no limitar sus usos o actores.

5. Acoger un enfoque de mitigación de riesgos ha sido fundamental en varios países para generar más confianza entre empresarios e inversores que buscan incursionar en criptomonedas. Es importante que esto facilite la transparencia y establezca parámetros de seguridad básicos, pero que no se torne en asistencialismo ni tramitología.