El impuesto del 2% a las ventas brutas se estableció el 31 de diciembre del 2019, como parte de la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, en primer lugar, para aliviar la carga administrativa que representa la tramitomanía del SRI a las microempresas y personas naturales, pero tenía otros objetivos como generar una cultura tributaria, no desde los incentivos sino desde la imposición, y ser una fuente de financiamiento para el gobierno, sin importar las pérdidas de varios aportantes.
Según un estudio realizado por Tax Service & TFC Consultores Corporativos, en el 2019 el 33% de las microempresas no generaron ganancias. Este impuesto solo ha demostrado ser lesivo para quienes debía beneficiar, más aún, en esta coyuntura pandémica en la cual varias de las microempresas no solo dejaron de percibir ingresos temporalmente, también muchas otras no pudieron generarlos a lo largo del año, pero aun así debieron mantener nómina y la serie de gastos que implica su funcionamiento. Es así como se presentan un par de situaciones.
La primera, si la empresa, dada diversas circunstancias como los efectos de la pandemia y demás, obtuvo pérdidas, evidentemente no cuenta con la capacidad económica para poder cubrir el valor correspondiente a este 2%.
La segunda, cuando una empresa nace o está en etapa de crecimiento, es sumamente importante reinvertir sus ganancias para generar ese desarrollo empresarial deseado. Si bien la reinversión no es un gasto, sí implica menor liquidez. Puesto que, al desprenderse del efectivo para invertirlo y que esto genere crecimiento, no cuenta con recursos económicos en el momento de solventar el pago de un impuesto.
En ambas situaciones, es posible que los negocios deban recurrir a instituciones financieras para realizar el pago, total o parcial, del impuesto del 2%, cubriendo la respectiva tasa de interés. Un impuesto que resta liquidez y aumenta las pérdidas, desincentiva el crecimiento económico que se genera desde el sector privado.
Si le quitamos la liquidez a una empresa, no fomentamos el empleo, lo único que se logra es que la misma tenga que optimizar recursos, incluso, sacrificando su capacidad de producción para poder generar el capital necesario que permita cubrir el impuesto. Muchas empresas se podrían ver obligadas a despedir a sus empleados ahondando así la crisis de empleo que vive el Ecuador.
Según el INEC, el empleo adecuado pasó del 34,0% en el mes de enero al 33,2% para el mes de febrero, esto es, en parte, atribuible a la falta de incentivos generados desde el gobierno central para que el sector privado genere empleo e incluso, como es el caso de este impuesto sobre los ingresos: desincentivos.
Un régimen que, en lugar de motivar la generación de plazas de trabajo, la desmotiva, solo empeora la crisis.
El 11 de abril, los ecuatorianos eligieron a su nuevo mandante. Con entusiasmo esperamos que este tenga la entereza para disminuir la carga impositiva que afecta a los empresarios, fomentar el empleo, cada vez más escaso y guiar el país hacia el desarrollo y crecimiento económico que, actualmente, tanta falta nos hace.