Un análisis sobre la propuesta de bicameralidad en Ecuador
La inminente crisis económica y la corrupción rampante en el Estado hunden a Ecuador, ya inmerso en una grave inestabilidad política con notoria falta de liderazgo. Si antes de que la crisis sanitaria impacte a nuestro país la situación ya era preocupante, las perspectivas políticas y económicas ahora responden a una voluntad de supervivencia.
Ante el actual contexto, proponer una solución fuera del pensamiento ortodoxo puede resultar lo suficientenente interesante como para ser consideradas seriamente. Y, con la propuesta de establecer un sistema bicameral para la función legislativa, ya tramitada para su futura revisión por la Asamblea Nacional, identificaron justamente una propuesta radical.
En concreta referencia con la ausencia de liderazgo político que enfrentamos en Ecuador, un cambio del sistema de Estado suena conveniente.
El sistema en el que opera hoy en día es el presidencialista, con un parlamento unicameral para cubrir las funciones ejecutiva y legislativa. Esto, en principio, garantiza gobernabilidad por contar con un presidente electo directa y democráticamente y una potencial mayoría en la Asamblea Nacional proveniente de su mismo partido. En teoría, esto es funcional y eficiente –ágil– para la toma de decisiones.
Además, el mecanismo que se utiliza para conformar al Legisativo, que no es más que una partidocracia, está lejos de representar verdaderamente a los ciudadanos. Poco llegamos a conocer por quienes votamos y mucho menos quienes dicen representarnos. El voto en plancha se configura en justifcación electoral de los acuerdos secretos en los que el poder público se reparte en las zonas de influencia de cada partido y sus líderes.
La propuesta de reinstaurar un sistema bicameral aborda también el problema que representa la quinta función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la solución mencionada, se plantea deponer a esta inútil institución y trasladar sus potestades a la potencial Cámara Alta del Legislativo. La diferencia clave está en que, al hacerla una institución de elección popular, la vuelve integral.
A grandes rasgos, este nuevo sistema parlamentario es aplicable a nivel constitucional que, incluso con el hiperpresidencialismo y la falsa democracia representativa, resuelve la crisis de falta de liderazgo y previene crisis futuras de este tipo. Esta propuesta resulta novedosa, porque presenta características que pueden extrapolarse de otros Estados y de otros momentos de nuestra propia historia, además de permitir un sistema mucho más adecuado al tradicional cacicazgo político que opera en Ecuador.
La idea consiste en:
Instaurar una Cámara Alta en el Legislativo.
Transformar la función legislativa presente hacia una Cámara Baja.
Configurar a la función ejecutiva para que se adapte al sistema parlamentario: se mantiene una jefatura de Estado simbólica y un jefe de gobierno, escogido por la mayoría de representantes en la Cámara Baja.
De igual forma, los legisladores elegirían a los ministros y la oposición podría organizarse en un gabinete alterno que proponga políticas y leyes alternativas orientadas a generar critica constructiva de la labor oficial del gobierno.
Estos son solo aspectos básicos de fondo y forma institucional de cómo operaría el sistema parlamentario en el país. En su dimensión real, podría permitir una participación mucho más proactiva de los líderes políticos de cada partido, buscado su elección como legisladores primero para acceder al ejecutivo de manera subsecuente.
De igual forma, por las caracteristicas del sistema parlamentaria –que obliga a cada legislador a postularse y buscar su elección por los distritos en los que están inscritos, a diferencia de la democracia representativa en la que se hacen elegir por listas– se fomentan campañas y trabajo focalizado en cada zona. Es decir, el candidato y el legislador necesitan conocer a su distrito, a sus elecores, a sus mandantes y a sus problemas concretos.
Para el sistema de partidos en el país, esto sería un golpe duro, puesto que destruye su monopolio electoral sobre los cargos de elección popular que llenan con listas de candidatos desconocidos y que no trabajan en intereses de sus electores, pero de sus partidos y sus intereses políticos. Para el Estado, en cambio, podría significar una reforma profunda en su estructura interna, orientándola hacia aspectos prácticos locales.
En un momento como el actual, no resulta descabellado la mencionada propuesta de reforma constitucional. Ante el caos, puede resultar una estrategia adecuada mirar a Ecuador como un lienzo en blanco, en el que la experimentación política puede ser más conveniente que el mantener un sistema que nos ha llevado hacia la inestabilidad.