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La gran estafa de los fondos del Isspol

Los contribuyentes asumirán los costos de otro caso de corrupción


El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) habría sido objeto de una posible estafa por más de 500 millones de dólares en bonos del Estado entregados en custodia a una empresa privada durante el anterior régimen, así lo denunció la ministra de Gobierno María Paula Romo, en conjunto con varios directivos de la entidad, el martes 22 de septiembre.

El desfalco se da en un contexto crítico para el erario nacional y, además, como agravante, según un informe interno del ISSPOL, esta institución afrontaría “un serio problema de liquidez” que empeoraría por las millonarias inversiones de alto riesgo y que cuya recuperación parece improbable.

Para Martín Pallares, articulista del portal periodístico 4pelagatos, “un reglamento promulgado por el expresidente Rafael Correa permite que el Estado asuma el desbalance de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional”. El reglamento habría sido publicado en el Registro Oficial apenas seis días antes de que Correa dejara el poder, el 18 de mayo del 2017.

Asimismo, Pallares indica que, “esta normativa está en dos cuerpos legales: la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FFAA y de la Policía Nacional, aprobada el 21 de octubre 2016 por la Asamblea presidida por Gabriela Rivadeneira, y su reglamento publicado en el Registro Oficial el 18 de mayo del 2017 y firmado por Rafael Correa”.

El artículo 69 del Registro citado menciona lo siguiente: “Cuando en el seguro de retiro, invalidez y muerte, que incluye mortuoria, los ingresos totales presupuestados, que incluyen los financieros, sean menores a los gastos operacionales prestacionales directos presupuestados, el Isspol solicitará de forma sustentada, con la presentación de un informe técnico presupuestario-financiero, al Ministerio de Finanzas la solicitud de transferencia de recursos del Estado hasta en el valor que corresponda a la antedicha diferencia”.

La investigadora del Cato Institute Gabriela Calderón señala que “la historia sería muy distinta si los policías y otros trabajadores tuviesen libertad para elegir entre distintos administradores”. Es decir, “si no existiera un monopolio estatal a cargo de cuidar el dinero de otros y, en cambio, existiera un mercado con varios administradores compitiendo entre sí por captar una mayor porción de los ahorros”.

De igual manera, puntualiza que “si bien podrían darse comportamientos inescrupulosos, estos se corregirían mucho más rápido y no abarcarían todo el sistema sino a determinadas administradoras —que luego perderían clientes—”.

Cabe destacar que, según un informe presentado por el diario digital Primicias, “la casa de valores Valpacífico —de la Corporación Financiera Nacional— alertó a la Superintendencia de Compañías sobre las operaciones irregulares del Isspol, entre mayo y agosto de 2018”.

La denuncia también fue enviada a Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la entidad técnica de prevención y erradicación de lavado de activos, así como a la Fiscalía, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y hasta a la Contraloría General del Estado. Sin embargo, no hubo ninguna actuación por parte de las instituciones antedichas.

La ministra de Gobierno ha asegurado que, si no se llegara a recuperar el dinero que fue invertido en este esquema fraudulento, el Estado responderá por las jubilaciones de los miembros de la Policía Nacional.

Ante esta declaración, el economista Alberto Acosta Burneo manifestó que el gobierno debería decir las cosas de manera clara. Esto es, el Estado en realidad no asume nada. De hecho, son los contribuyentes “quienes debemos asumir el costo de este nuevo robo”. A lo cual, cuestionó: ¿Hasta cuándo tendremos que pagar por la irresponsabilidad de los administradores públicos?

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