Ecuador atraviesa un momento histórico frente a la emergencia sanitaria, producto de una pandemia, con graves efectos en la economía y la salud pública. Cerca de la mitad de la población operaba en la informalidad y muchos de ellos, a pesar de las restricciones, continúan trabajando para asegurar su subsistencia.
En las últimas semanas, Ecuador ha sido uno de los países con los índices más altos de contagio de coronavirus en la región, posicionándose detrás de Brasil y Chile. Según han señalado autoridades del gobierno central, ha habido serios incumplimientos a las restricciones, principalmente en las provincias de Guayas y de Pichincha.
A la mañana del sábado, 11 de abril , se registran 7.257 casos confirmados y 315 fallecidos. Ante esta situación, cabe preguntarse, ¿por qué la gente continúa saliendo de sus domicilios, a sabiendas de que infringen lo ordenado por el gobierno? Un análisis de Revista Gestión y Plan V indica que los altos niveles de desempleo, informalidad y pobreza son la principal causa para incumplir la cuarentena.
Según el INEC, hasta diciembre de 2019, solo 3,1 millones de personas gozaban de empleo adecuado/pleno. Además, debido a la emergencia sanitaria, la cifra de personas que subsistían del teletrabajo pasó de 0,47% a 8%; es decir, actualmente son 253,247 personas las que trabajan desde su hogar.
La falta de empleo adecuado ha acrecentado la informalidad en el país y ahora, ante esta coyuntura, el panorama podría ser más desolador. Considerando que Ecuador es un país en el que el empleo informal es de 46,7% y el desempleo de 3,8%, muchos de quienes desacatan las medidas impuestas lo hacen con el fin de percibir ingresos para cubrir sus necesidades diarias.
Desde el lunes 16 de marzo de 2020, el presidente Lenin Moreno, amparándose en los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República, decretó estado de excepción en el territorio nacional, para contener la propagación del COVID-19. Asimismo, dispuso toque de queda como medida de restricción para limitar la movilización y la asociación de la ciudadanía.
En virtud de ello, la economía ecuatoriana se paralizó, con excepción de las instituciones financieras, las cadenas de venta de productos alimenticios, los centros de salud y farmacias, y las industrias agrícola y ganadera. Los servicios públicos –con excepción de aquellos referentes a la salud, seguridad y servicios de riesgo– también suspendieron actividades hasta que el ejecutivo levante las medidas mencionadas.
Si bien algunos sectores de la economía han podido mantener ciertas funciones laborales de sus empleados, a través del teletrabajo, para así conservar la productividad. Esto no es representativo de toda la población, pues es un beneficio que solo el empleo pleno y formal brinda.
El hambre y la desesperación por sobrevivir el día a día, puede conducir a las personas a dejar de lado la prevención de la salud futura, por satisfacer los menesteres primarios inmediatos. Ante esta crisis mundial, el gobierno y la Asamblea Nacional tienen el desafío de emprender iniciativas que mitiguen los efectos negativos que esta situación conlleva, no solo en cuanto a la salud pública, sino también frente al ambiente económico.
El economista Alberto Acosta, por ejemplo, ha sugerido la importancia de llevar a cabo una reforma laboral que permita aminorar la crisis económica venidera. De acuerdo con Acosta, la reforma debe generar un entorno que permita a Ecuador producir entre varias cuarentenas y otorgue oportunidades para que los ecuatorianos mejoren su calidad de vida.