Ecuador: ¿Hay luz al final de túnel?
Leyes aprobadas para enfrentar la crisis
La noche del pasado 15 de mayo, se aprobó la Ley Humanitaria con 74 votos afirmativos de las bancadas de AP, CREO e independientes. Los 59 votos en contra provinieron del PSC y el ala correísta. Además, hubo cuatro abstenciones.
En el texto de la Ley Humanitaria se excluye las “contribuciones solidarias” de empleados y empresas y la propuesta de la cuenta humanitaria. La Ley está compuesta por cuatro capítulos y 23 disposiciones transitorias.
Algunos aspectos que contempla son:
Disposición interpretativa para el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, con el cual, se precisa: “En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica”.
En el capítulo III se plantea que los trabajadores y empleadores podrán, en común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral.
Se suspende el desahucio de inquilinos y la suspensión de servicios básicos durante la emergencia.
Se dará incentivos tributarios a las entidades del sistema financiero nacional para que otorguen créditos a las MIPYMES.
De la misma forma, el sábado 16 de mayo, luego de varias sesiones que terminaron sin el pronunciamiento de la función legislativa, se aprobó la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas con 72 votos a favor de AP, CREO e independientes. Se registraron 63 votos en contra por parte del PSC y el correísmo y dos votos en blanco.
Entre los puntos más importantes de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas están:
El Ministerio de Economía y Finanzas podrá modificar presupuestos para disminuir el Presupuesto General del Estado, con excepción de la Seguridad Social. Los ajustes, ahora, plantean que el margen de cambio sea máximo del 5% (antes era de hasta un 15%).
Se clasifica a las entidades públicas en: Sector Público No Financiero (SPNF) y Sector Público Financiero (SPF). Se determinó que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y entidades de la Seguridad Social son autónomas, con fondos propios y no son parte del Presupuesto General del Estado.
Se crea un fondo de emergencia para la estabilización fiscal que no podrá ser mayor al 3% del gasto total del Presupuesto.
El saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrán superar el equivalente al 40% del PIB.
Para Carlos Rivera, economista y catedrático de la Universidad de Cuenca, en 2007, con la llegada de la “Revolución Ciudadana”, se les dio un cheque en blanco para que gastaran no solamente los ahorros, sino también, los extraordinarios ingresos corrientes del petróleo y que se endeudaran ilimitadamente con malas condiciones.
Guillermo Avellán, director de investigación de Ecuador Libre, menciona que estas medidas no suponen una respuesta ideológica. Es, mas bién, aplicación del sentido común, pues permiten al Estado generar ahorro público, tener acceso a fuentes de financiamiento y atender a los más necesitados en periodos de crisis.
Con esto, un capítulo se cierra y otro se abre: por un lado, está el destierro del populismo fiscal y por otro, la construcción –lenta y tardía– de un sendero que conduzca hacia la sensatez en el manejo de la cosa pública.
Moreno y las nuevas medidas económicas
El presidente de la República, Lenin Moreno, anunció la mañana del martes 19 de mayo que tomaría nuevas medidas económicas para enfrentar la emergencia sanitaria. Según lo expresado por el mandatario, las medidas responden al hecho de que el país no recibirá 8.000 millones de dólares por la coyuntura que se está atravesando.
Las medidas implican un recorte de 4.000 millones del gasto público. De ello, 980 millones corresponderán a la masa salarial; 400 millones, a bienes y servicios; 1.300 millones, a inversión y otros 1.300 millones, a reestructuración de la deuda externa.
Las siete medidas anunciadas son:
Se aplicará un nuevo sistema para fijar los precios de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel. Asimismo, “se establecerá una banda que impida que el precio” de estos combustibles suban drásticamente si el precio del petróleo sube, informó Moreno.
La jornada del sector público se reduce dos horas, con la excepción en las áreas de salud, seguridad y educación (esta última se reducirá en una hora).
Se fusionarán 10 empresas públicas. En el caso de Tame, que ha perdido más de 400 millones en los últimos 5 años, entrará en proceso de liquidación.
Se creará un fondo para créditos, con 1.000 millones disponibles para la reactivación productiva.
Entre las modificaciones al servicio público exterior, el presidente mencionó que se cerrarán cinco embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino.
Se reducirá el gasto en el Consejo de Seguridad del Estado.
Se reestructurará la deuda pública.
Aunque algunos sectores argumentan que, con el nuevo sistema impuesto por el ejecutivo los precios de los combustibles se estarían “liberalizando”, la realidad no es así.
Francisco Briones, articulista de Primicias y consultor económico, aclara que esto no es una liberalización de los precios del combustible, puesto que, los precios anunciados suponen un piso permanente. Además, estos precios se ajustarán mensualmente máximo 5% pero nunca menos que el precio base.
Señala que el sistema de bandas no tiene sentido económico y mantiene la visión fiscalista con intromisión estatal. Esto debido a que, según indica Briones, lo más probable es que las bandas se fijen con base a las necesidades políticas y fiscales del gobierno.
Por último, asevera que lo más efectivo es liberar el precio de las gasolinas total y definitivamente, “cualquier otra mutación es una mala decisión”.
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