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Nicaragua en vilo

Parlamento aprobaría en los próximos días normativa que facultaría más represión


A un año de las elecciones generales en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega prepara dos proyectos de ley y una reforma que constituyen una amenaza para los nicaragüenses: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la cadena perpetua. El Parlamento dominado por el oficialismo podría aprobarlas en los próximos días.

Cabe recordar que, el Frente Sandinista —partido político de Daniel Ortega—, mantiene un control mayoritario de la Asamblea Nacional con 71 de los 92 diputados y, en más de 13 años de gobierno, no han rechazo ni una iniciativa que haya impulsado el mandatario nicaragüense.

Bajo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aquellas “organizaciones y personas que reciban fondos del extranjero, sea como donación o pago de servicios, deberán inscribirse ante el ministerio de Gobernación” y reportarse mensualmente para rendir cuentas sobre el uso del dinero, señala Fabián Medina Sánchez, corresponsal de Infobae en Nicaragua.

Por otra parte, La Ley de Ciberdelitos, establece que se penalizaran como delitos la revelación de información reservada de entidades públicas y la difusión de información que a juicio del Estado sea falsa, tergiversada, incite al odio, la violencia, ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad.

La misma normativa propone de dos a cuatro años de cárcel por publicación de noticias falsas. A mirada de la oposición y organizaciones que velan por los derechos humanos, esta nueva instancia legal podría ser usada por el régimen para encarcelar a detractores.

También, el régimen sandinista busca promover una reforma legal para instaurar la cadena perpetua como pena máxima para los delitos más graves, que la legislación actual castiga con una pena no mayor de 30 años de prisión, entre ellos “los crímenes de odio”.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua si continua con esta maraña legal que, según varios parlamentarios, “será instrumentalizada para silenciar a los críticos, lo que agravará la ya insostenible situación de derechos humanos” en el país.

El partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua ha rechazado y denunciado públicamente este nuevo paquete de medidas que buscan afianzar el control del gobierno sobre la población

Según expresan los miembros del partido, estas normativas visibilizan que se “está creando el marco legal para criminalizar cualquier expresión pública de disidencia, en vísperas de un año electoral, tratando de generar, desde ya, una dinámica de intimidación y autocensura en los periodistas, medios de comunicación independientes y ciudadanos”.

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