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Vicentin: ¿Chavismo al estilo gaucho?



El lunes pasado el presidente de la República Argentina: Alberto Fernández, por medio de una conferencia de prensa, anunció que la empresa Vicentin sería intervenida.


En virtud de ello, el mandatario firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir de forma transitoria durante 60 días al grupo agroexportador. Pero, de igual manera, el presidente Fernández confirmó que enviaría un proyecto de ley al Congreso, con el fin de que la empresa pueda ser expropiada.


Ante estos anuncios, el sector agroindustrial no dudo en manifestar su profundo rechazo, a lo cual, se le adhirió gran parte de la sociedad argentina, especialmente en la ciudad santafesina de Avellaneda.


Desde el gobierno se arguye que la expropiación se justifica por “la soberanía alimentaria”. Empero, el sector agroalimenticio es el mayor exportador en Argentina y es el único que obtiene superávits comerciales intra-sectoriales lo que, como indica Marcelo Elizondo, lo convierte en el sector “más soberano”.


En febrero del presente año, Vicentin, una de las empresas más grandes del país en el sector agroexportador, registraba un momento sumamente crítico por la deuda millonaria que mantiene con sus acreedores. Los prestamistas estarían compuestos principalmente por el Estado argentino, 37 entidades financieras y PYMES.


La analista política Irma Arguello confirma que la deuda asciende a 1.440 millones de dólares. Sin embargo, Arguello opina que “con medidas de este estilo que van en contra de la verdadera gestión del Estado nadie que no sea un pirata” invertirá en el país.


Para el economista Agustín Etchebarne, la “soberanía alimentaria” era una consigna propia del chavismo, bajo la cual, se exportaba petróleo y se importaban alimentos. En Argentina “eso es un insulto a la inteligencia”, pues el sector de producción alimenticia es de los más eficientes en el mundo. Además, “se produce una cantidad de calorías equivalentes como para poder alimentar a 400 millones de habitantes”, es decir, nueve veces la población argentina.


Iván Carrino, economista y profesor universitario, expresa que expropiar una empresa, en este sentido, es una directa violación del derecho a la propiedad privada. Si bien es cierto que la expropiación, por lo general, viene seguida de una indemnización, el simple hecho de tener que indemnizar a su legítimo propietario revela que se ha cometido un acto contrario a su voluntad.


Así, según Carrino, a primera vista, la expropiación de Vicentin va contra la voluntad de sus accionistas –que estaban buscando continuar al mando de la empresa tras salir de la convocatoria de acreedores- y envía un mal mensaje a todo inversor (si queda alguno) que esté pensando en Argentina como destino posible.


Ahora solo queda esperar a que el legislativo argentino le de tratamiento a este proyecto impulsado por el kirchnerismo, que representa una arremetida contra las libertades.

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