Estas soluciones dejan desprotegidas a muchas víctimas de violencia intrafamiliar
Por Celia Cabrera*
La crisis, el estrés y el confinamiento afectan la salud mental de las personas, multiplicando todas las formas violencia. Algunos de los grupos más vulnerables son niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
El gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil han desplegado campañas de prevención y canales de atención, disponibles por redes sociales y llamadas telefónicas. Sin embargo, el acceso a Internet es limitado y el tiempo a solas para realizar una denuncia es muy limitado o nulo. Surge, entonces, la pregunta si estas acciones son realmente efectivas.
La convivencia obligatoria con los miembros del hogar por 24 horas al día, con miedo y zozobra ante la pandemia, incertidumbre por la falta de recursos, el teletrabajo, la teleeducación y todo lo que conlleva la cuarentena, puede fácilmente generar tensión y conflicto dentro de un grupo familiar. La situación es más compleja en donde la tensión era preexistente y hay personas violentas dentro del núcleo familiar.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos determinó que apenas 36% de la población tiene acceso a internet. Aún con acceso a la conectividad, un computador o un teléfono celular, es complicado para las víctimas denunciar maltrato.
Generalmente, esperan que sus agresores salgan del hogar para comunicarse con centros de ayuda y contención, lo cual en cuarentena es poco posible. Recordemos que las víctimas de violencia no tienen control sobre sus dispositivos de comunicación, pues muchas veces tienen vigilancia mientras reciben llamadas y realizan otras acciones digitales.
Si la víctima es un niño o una niña, las restricciones a dispositivos de comunicación incrementan. Lo mismo sucede con adultos mayores, quienes probablemente no conocen cómo utilizar medios electrónicos.
Las iniciativas del gobierno y las organizaciones civiles son adecuadas para quienes tengan acceso y disponibilidad de utilizarlas. Sin embargo, estas soluciones no abarcan a toda la población y dejan desprotegidas a muchas víctimas de violencia intrafamiliar.
Se necesita, por lo tanto, adoptar un enfoque más cercano a la realidad que promueva campañas y políticas públicas más efectivas. Una posibilidad es incentivar a la sociedad a ser parte de la lucha contra la violencia.
Existen familiares que conocen sobre episodios de violencia, pero callan, porque “los trapos sucios se lavan en casa”. Los vecinos también escuchan actos violentos y no dicen nada, porque no quieren “involucrarse en asuntos ajenos”.
De igual forma, hay profesionales de la salud, funcionarios públicos, operadores de justicia, policías que conocen de casos, pero culpan a la víctima o se hacen de la vista gorda. Las políticas públicas vigentes y el sistema de emergencia generan los incentivos incorrectos y perjudican aún más a las víctimas.
¿De qué sirve llamar al 911, si la patrulla o ambulancia no llegará o llegará demasiado tarde? ¿Si cuando llega, los funcionarios le preguntan a la víctima si no haría algo para enojar al agresor y le aconsejan que trate de comprender que el estrés de la situación le hizo actuar así? ¿Si una mujer denuncia que su marido la forzó a tener relaciones sexuales y los operadores de justicia le dicen que es su marido y eso no es violación? ¿Si un hombre llama porque su esposa lo atacó con un cuchillo y, en lugar de atenderlo, se burlan de él por no llevar los pantalones en la casa?
¿De qué sirve alentar a una persona a denunciar y a alejarse de su agresor, si una vez que salga de la casa no tendrá a donde ir? Pese al presupuesto gubernamental destinado a refugios y casas de acogida por años, durante la emergencia sanitaria, nos enfrentamos a un escenario donde no tienen la capacidad de recibir a más personas.
Es urgente, entonces, examinar las políticas vigentes y crear sistemas efectivos con asesoría técnica adecuada para prevenir y minimizar los riesgos de violencia en situaciones de emergencia y desastre. Las acciones para combatir la violencia y asistir a la víctima han dependido de un presupuesto inestable, atado a los intereses políticos. Esto ha impedido generar un programa que garantice la vida de las víctimas por violencia intrafamiliar.
Una sociedad física, emocional y psicológicamente sana es una sociedad más productiva. Esto se consigue cuando las familias y la sociedad puede convivir en armonía, sin violencia.
Por su naturaleza, la cuarentena implica una serie de restricciones a las libertades y, para las víctimas, esto puede significar concentrarse en su supervivencia. Algunos doctores y psicólogos recomiendan a las víctimas de violación que no luchen contra su agresor, que traten de apartarse de su cuerpo durante esos instantes y, así, sufrir el menor impacto físico posible. Esta técnica evita desgarros, hemorragias y entrar en shock.
La misma técnica se puede utilizar para estallidos de conflicto en una relación y en el hogar durante la etapa de aislamiento. No caer en provocaciones ni responder a las agresiones podría disminuir la escalada de violencia.
Mantener niveles intermedios de iluminación, de temperatura, de ruido y de actividad en un ambiente ayuda a disminuir comportamientos violentos. Se puede procurar, también, no tener a fácil acceso del agresor objetos que puedan ser utilizados como armas y esconder elementos pequeños que la víctima pueda ocupar para su defensa.
Comunicarse con los medios de denuncia o apoyo apenas culmine el episodio violento podría traer consecuencias negativas. Será mejor comunicarse cuando sea seguro y, de antemano, identificar un sitio de difícil acceso en el hogar para esconderse.
Es importante, también, prepararse para peores situaciones con una mochila de emergencia y los documentos listos en caso de tener que salir del lugar de convivencia. Se aconseja ubicar lugares cercanos seguros, como Unidades de Policía Comunitaria o espacios públicos, y advertir a familiares o amigos de confianza para su posible acogida. Asimismo, se puede anticipar palabras clave con las personas cercanas para que acudan a su auxilio en casos extremos.
Estas medidas de protección personal no significan que se esté permitiendo la violencia; tampoco son contraproducentes con el empoderamiento de las víctimas. Son acciones que pueden mantenerlas con vida e incentivar el apoyo de otros sin ponerlos en riesgo.
Durante el confinamiento, todos los tipos de violencia se han exacerbado. El maltrato doméstico, intrafamiliar e infantil han incrementado y lo mismo ha sucedido con otros crímenes. Los robos, hurtos e incluso el uso de pornografía infantil para buscar adeptos a través de las redes son otros ejemplos.
Los hogares no son un sitio seguro para las víctimas, y las iniciativas disponibles para prevenir y atender estos casos no son suficientes. La emergencia sanitaria pone, una vez más, en evidencia que las políticas públicas financiadas con los recursos de los contribuyentes no han sido correctamente implementadas o no han sido efectivas.
Se requiere, por lo tanto, experticia para reformar los sistemas actuales o desarrollar alternativas sostenibles y su posterior escrutinio. El objetivo es prevenir y mitigar la violencia doméstica con los incentivos y herramientas adecuados para las víctimas, las personas que conocen de casos de violencia y los funcionarios de seguridad y justicia.
*Celia Cabrera es abogada con especializaciones en derechos humanos y relaciones internacionales. Cuenta con experiencia profesional en varias organizaciones internacionales y es cofundadora del Servicio de Apoyo y Liberación para víctimas de Violencia Sexual (SALVAS), organización que trabaja en Ecuador en la prevención y acompañamiento de personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.