El gobierno colombiano no está negociando la paz, está capitulando frente a la guerrilla más sangrienta de América.

El “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se presenta como la quimera para resolver el enfrentamiento interno que ha desangrado Colombia durante las últimas cinco décadas. De aprobarse ni pondrá fin a la violencia ni mucho menos abrirá el camino para la reconciliación nacional.

La elaboración del documento comenzó en Oslo y finalmente pasó a ser negociado y firmado en la Habana, ciudad que para los guerrilleros está cargada de un simbolismo similar al que tenía el vagón de tren donde Hitler hizo capitular a los franceses en la segunda guerra mundial. El inicio del largo proceso que dio como resultado el acuerdo subscrito en Cuba comenzó a finales de 2010 cuando el recién estrenado presidente Santos anunció el inicio de conversaciones exploratorias.

En ese momento el secretariado general, las líneas logísticas y de financiamiento del grupo guerrillero, habían sido debilitadas hasta niveles históricos mediante operaciones militares, entre ellas las que terminaron con la vida de Raúl Reyes, Alfonso Cano y Víctor Julio Suárez Rojas, alias "Mono Jojoy”. Fueron tantas y tan efectivas las operaciones de los últimos cuatro años que la desesperada situación de las FARCS-EP fue lo que las llevó a sentarse en la mesa de negociación, mas no una verdadera voluntad de poner fin a las hostilidades en pro de la paz y el bienestar de los colombianos.

Enumerar las ofensas a la dignidad de los ciudadanos y a la memoria de las víctimas contenidas en las de 297 páginas del acuerdo ameritaría un libro de varios tomos, pero sin duda hay tres puntos que resaltan: los términos en los que se establece la “Jurisdicción Especial para la Paz”; el pago de subvenciones para los guerrilleros desmovilizados y los acuerdos sobre participación política y fortalecimiento de la democracia.

La situación jurídica de los guerrilleros, una vez cesadas las hostilidades, fue la primera de las exigencias de la comisión representante de las FARCS-EP para sentarse en la mesa de negociación. El acuerdo final establece amnistía general para el grueso de las fuerzas terroristas con excepción de aquellos que hayan participado en crímenes de lesa humanidad que son inamnistiables, según el estatuto de Roma. Para estos casos especiales se determinan condenas de 5 a 8 años de “privación de libertades y derechos”, concepto en extremo ambiguo que deja abierto el camino para figuras denigrantes a la memoria de los afectados. Uno de esos escenarios es el congreso por cárcel que permitiría al secretariado general ocupar las diez curules en el senado y congreso (escaneos que se les asignará de forma obligada así no alcancen el mínimo de votos) durante el día y cumplir su sentencia por las noches desde su residencia.

El costo de este acuerdo no solo será la dignidad de los colombianos, sino también acarreará un gran peso económico que deberá ser afrontado por la sociedad civil. Pues como parte de los acuerdos logrados cada guerrillero que entregue las armas se hará acreedor a un pago único de COP 2,000,000 y un subsidio por dos años de COP 600,000 mensuales. Este subsidio es tres veces superior a los COP 200,000, con los que subsisten más de trece millones de colombianos que viven bajo el umbral de la pobreza. La financiación de estos pagos se dará mediante dos formas: la primera, es la adquisición de deuda, mecanismo que ya comenzó a usarse con el primer crédito solicitado a Alemania por valor de USD 100,000,000. La segunda, será gravar nuevos impuestos que golpearán aún más la debilitada economía, de por sí afectada por el desplome en los precios del crudo y la desvalorización del peso colombiano.

La paz enaltece al espíritu y dignifica al hombre, terminar con el conflicto será regalo obligatorio de Colombia a sus futuras generaciones. Sin embargo, el acuerdo con la guerrilla no representa la paz, sino un irrespeto a los colombianos de hoy y a los de ayer que sufrieron y perecieron por la violencia de un grupo que optó por la vía de las armas y no la del diálogo. Refrendar en las urnas lo discutido en la Habana solo demostrará a los criminales que la vía para eludir sus responsabilidades es volverse tan violento y sangriento como las FARCS-EP. Colombia tiene la oportunidad histórica de no repetir los errores de Gaviria y Pastrana al negociar con los narcoterroristas de la época de Escobar y los grupos armados a principios de este siglo respectivamente.

Solamente una paz digna basada en la justicia y en el resarcimiento a las víctimas hará que la tierra que huele a café también huela a esperanza.