Para terminar con el problema de raíz, la fiscalización de buena calidad es imperativa
Los gobiernos de América Latina se han visto envueltos en casos de corrupción por más de una ocasión. No obstante, el escándalo de Odebrecht ha ganado protagonismo debido a los grandes montos de dinero que se negociaron para ganar licitaciones en varios países. Esto pone en evidencia las fallas institucionales de la región, en especial la falta de fiscalización y auditorías.
Ecuador no se libró de salir en las listas. De acuerdo a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros empleados de la firma transnacional, varios funcionarios públicos de los gobiernos de Rafael Correa y anteriores a éste habrían participado. Además, varias empresas que sirvieron de intermediarias para realizar los pagos de las coimas de Odebrecht han mantenido contratos con entidades gubernamentales desde el año 2009.
La justicia ecuatoriana ha demorado en tomar acciones. En primera instancia, tardó en hacer pública la información que recibían desde Brasil y, al día de hoy, varios nombres aún no se revelan por lo que las investigaciones y procesos judiciales de esas personas no empiezan.
Sin embargo, la raíz del problema no es la falta de celeridad judicial que evidenciamos actualmente. Al contrario, esta gran bola de nieve es producto del manejo inapropiado de los procedimientos para compras y contrataciones públicas y la incorrecta ejecución de las políticas de fiscalización.
El artículo 5, literal 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado menciona que el sistema de fiscalización y control busca que “los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo”. Al analizar este artículo, surgen dos cuestiones a reflexionar: (1) el incumplimiento de la ley por los funcionarios del estado y (2) la ineficiencia de las entidades estatales que conforman el sistema de control, fiscalización y auditoría.
Asimismo, y haciendo referencia el artículo ya mencionado, las rendiciones de cuentas sobre la fallida Refinería del Pacífico también presenta incongruencias. Hasta ahora no han podido justificar correcta y completamente los 1.505 millones de dólares gastados desde el 2008 hasta el 2016. Ni hablemos de otras cuentas y contrataciones con poco sentido que han servido para suplir las “necesidades” de los gobiernos y de sus funcionarios glotones.
Lo interesante es que el escándalo de Odebrecht se relaciona con otro caso mencionado en los fallos judiciales dentro de los procedimientos de auditoria y fiscalización, la red de coimas de Petroecuador.
Carlos Pareja Yanuzzelli es quien más destaca dentro de la red de coimas de Petroecuador y se encuentra prófugo de la justicia ya por cerca de un año. Fue acusado de enriquecimiento ilícito por abstraer dinero de contratos estatales con sobreprecio y formar su propia argolla para la contratación pública. Él mismo solicitaba la licitación – con precios inflados – y él mismo la proveía.
La red de coimas se extendía por ambas empresas salpicando diversos proyectos en Ecuador. Se contrataba servicios innecesarios o que simplemente nunca existieron. “Estos pagos estarían relacionados con el contrato adjudicado a Odebrecht para construir el Poliducto Pascuales-Cuenca – USD 369,9 millones.
El artículo 9 del mismo Código dispone sobre el Sistema de Control y Auditoría del Estado que:
El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control.
Si es que existían muchas políticas e instituciones llamadas a controlar y supervisar todos estos procesos, ¿por qué Capaya – Carlos Pareja Yanuzzelli – hacía contratos de 18 millones sin concurso y excediendo en 7 millones el presupuesto? ¿Por qué los principales implicados lograron salir del país?
Del 2009 al 2016, periodo en el que estalló la bomba de coimas y enriquecimientos ilícitos, pasaron cinco años de malas prácticas y auditorías o informes fiscales comprados para que nadie note la fétida corrupción de los sectores estratégicos.
Una de las argollas formadas por altos funcionarios de sectores estratégicos fue la razón por la que no se pudo identificar a tiempo las anomalías de contrataciones gubernamentales. La falta de transparencia terminó radicando en muchos millones perdidos, compañías de papel en Panamá y muy pocas personas culpables tras las rejas.
Lo expuesto previamente indica la urgencia de erradicar procedimientos regulatorios que, en lugar de controlar las contrataciones públicas, otorgan excesivo poder a las autoridades. La ley debe ser igual para todos, cualquier excepción basada en privilegios es contraproducente.